La mañana de este viernes, 7 de julio de 2023, a las 09:30, la jueza María de los Ángeles Ambas reinstaló la audiencia de acción de protección con medidas de reparación integral en el caso de Christopher Santacruz, quien fue víctima de un acto de discriminación por parte de militares en el marco de un operativo contra el crimen organizado, que fue transmitido en vivo y replicado posteriormente en las redes sociales de TC televisión, sin un debido contraste de información.
La reinstalación de la diligencia se dio con la comparecencia de dos amicus curiae (terceros interesados) y el alegato de cierre de la defensa técnica de Christopher.
La primera en intervenir fue Mónica Alejandra Montero, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. En la exposición de su amicus, Montero explicó que es deber de las Fuerzas Armadas respetar los derechos humanos, respetar el uso progresivo de la fuerza y no cometer actos crueles, inhumanos y degradantes.
Por su parte, Mirella Tonato, directora general de la Consultora Interdisciplinaria e Interseccional de Derechos Humanos, de Enfoque DH, quien también compareció en calidad de amicus, dijo que la comunicación debe usarse como herramienta para el libre desarrollo de la sociedad y recalcó la responsabilidad ulterior con la que los periodistas deben compartir información.
Para los alegatos de cierre, la defensa de Christopher indicó que la carga de la prueba le correspondía a la parte accionada, lo cual no se realizó a lo largo del proceso, es decir, ni las Fuerzas Amadas, ni el Comando Conjunto, ni TC Televisión, ni el periodista demostraron que su actuar no se propasó y no fue discriminatorio. Se hizo énfasis en el trato discriminatorio e injustificado que sufrió la víctima al momento del operativo, la existencia de perfilamiento racial y su uso por parte de las fuerzas públicas, la idoneidad de la acción de protección como el recurso adecuado para el caso y reparación.
Finalmente, Chistopher Santacruz pudo intervenir y dijo que “sabía que estaban vulnerando mis derechos, usé mi única arma que tenía para defenderme que era mi celular”. El joven afroecuatoriano contó que los militares lo abordaron de manera agresiva y que el periodista, al igual que las partes accionadas, intenta minimizar lo que pasó. Además, aseguró que no quiere que estos hechos se repitan.
Por su parte, en la resolución oral, la jueza Ambas apuntó que no se evidenciaron elementos que demuestren la existencia de un acto de discriminación, tampoco que existió un trato diferenciado hacia Christopher y que la actuación de las Fuerzas Armadas estuvo en el margen de la ley, esto bajo lo que permite el Decreto Ejecutivo 703, por lo que rechazó la acción de protección.
Para Sofía Llerena, coordinadora jurídica de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), los hechos del presente caso responden a criterios discriminatorios y de perfilamiento racial que lamentablemente aún se mantienen en las filas de las fuerzas públicas, instituciones que, al contrario de lo que dictamina la Constitución, vulneran derechos humanos.
Adicionalmente, Llerena menciona que el actuar sin responsabilidad de los medios de comunicación puede generar un gran impacto al replicar información no contrastada, no objetiva y sin responsabilidad. “El permitir que este tipo de casos no tengan una aceptación de la vulneración de derechos y reparación justa inobserva el sentir de la víctima”, concluye.
Contacto de prensa:
Comunicación Inredh – 099 205 8210