Madre de Juliana Campoverde solicitó reunión con Fiscal General del Estado

Elizabeth Rodríguez, madre de Juliana Campoverde, joven desaparecida el 7 de julio de 2012 en el sur de Quito, entregó este lunes, 6 de septiembre de 2021, un oficio en Fiscalía General del Estado para solicitar una reunión con la titular de esa institución, Diana Salazar.
En la misiva se menciona que el motivo de la reunión es tratar el caso debido a su “complejidad e importancia como precedente para tratar casos análogos”.
Por la desaparición de Juliana, Jonathan Carrillo fue condenado a 25 años de prisión bajo la figura de secuestro extorsivo con resultado de muerte el 17 de julio de 2019.
Entre las medidas de reparación que emitió el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha el 11 de febrero de 2021, se dispuso oficiar al Ministerio de Gobierno con la finalidad de que  disponga a las Unidades correspondientes se continúe con la localización y búsqueda de los restos de Juliana Campoverde. Las búsquedas se retomaron durante el mes de abril en el sector de Bellavista, en el norte de Quito.
En el documento firmado por Elizabeth Rodríguez y su abogada, se solicitó, además, la reincorporación de la fiscal Mayra Soria al caso, según Rodríguez es ella “en quien recae la confianza total de la familia”.
A decir de la madre de la joven desaparecida, la actual fiscal ha tratado de ponerse al tanto de los detalles relevantes pero “resulta imposible que conozca los más de 130 cuerpos que contiene el proceso”.
Rodríguez también suscribió una carta dirigida a Alexandra Vela, Ministra de Gobierno, en la cual pidió se reincorpore al teniente Luis Romero de forma permanente al caso, esto debido a que él lleva mayor tiempo a cargo de la investigación y conoce todos los pormenores de la misma.
El pedido de reincorporar a Romero también fue realizado a la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).
Elizabeth Rodríguez aseguró que el cambio a otro agente no favorece al avance del caso.
Según Dayuma Amores Zurita, asesora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) la solicitud de la familia se da a raíz de que ha pasado más de un año desde que fue dictada la sentencia; sin embargo, la familia de Juliana Campoverde no se siente reparada en absoluto. Las búsquedas se han llevado a cabo con muchas semanas de diferencia entre sí. Además, el cumplimiento de la reparación Integral ha tenido varias irregularidades que solo han logrado revictimizar a la familia, haciéndoles sentir en muchas ocasiones burlados por la justicia.
Amores especificó que el pedido realizado a las autoridades no tiene la intención de desmerecer el trabajo de ningún funcionario y que su objetivo es lograr que se continúe con las líneas de trabajo idóneas para cumplir con las medidas que establece la sentencia.