La mañana de hoy, jueves 5 de abril de 2018, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE); y los abogados de derechos humanos, Daniela Salazar, Johanna Villegas, Martina Rápido Ragozzino, Juan Pablo Albán, Efrén Guerrero, David Cordero Heredia y Ramiro Ávila Santamaría, presentaronuna medida Cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
El objetivo: que la Comisión adopte las medidas necesarias para preservar la vida digna e integridad de las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Sur “TURI”; así como las medidas para asegurar que los Fiscales e investigadores a cargo del caso puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de amenazas, hostigamientos y actos de violencia en el ejercicio de sus funciones.
La medida cautelar relata los hechos ocurridos el 31 de mayo de 2016, donde más de 200 internos fueron víctimas de tortura, tratos crueles e inhumanos. Además, de los asesinatos registrados dentro del centro penitenciario, incluido el deEstalin G., alias ‘Garfield’ que recibió varios balazos cuando estaba esposado en un operativo de requisa el pasado 7 de marzo de 2018.
Igualmente, en la acción constan las consecuencias que tienen los operadores de justicia, al momento de investigar un caso de red de extorsión liderado por el ex director del CRS Turi, Paúl Tobar; y otros dos funcionarios públicos. Por estos casos, los fiscales y agente han sido víctimas de hostigamiento, amenazas y agresiones físicas.
La fiscal Claudia Romero, que investigó la red de extorsión, recibió amenazas contra su vida por lo cual presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Luego, de esto fue separada de la investigación. La segunda semana marzo del año en curso, el juez dictó sobreseimiento a Tobar y a otros procesados.
Para Daniel Véjar, asesor legal de Inredh, es necesario que la Comisión otorgue las medidas cautelares para prevenir los hechos de violencia que ocurren en los centros penitenciarios del país y la integridad y vida de los familiares de los operadores de justicia que investigan el caso.
También, otros de las peticiones a la CIDH, es que convoque al Estado ecuatoriano a comparecer en audiencia sobre medidas cautelares en el próximo período de sesiones de la CIDH, o de ser el caso, a comparecer en audiencia sobre medidas provisionales en el próximo periodo de sesiones de la Corte IDH.
Medida cautelar: