29 de julio de 2020
Las organizaciones que conformamos la Alianza de Derechos Humanos expresamos nuestra preocupación ante el proceso de debate que se llevará a cabo en el pleno de la Asamblea Nacional el jueves 30 de julio del 2020 con relación al informe favorable que emitió la Comisión de Justicia de la Asamblea, ante el pedido de amnistía de 20 autoridades de Cañar que han sido judicializadas y criminalizadas por administrar justicia en su territorio bajo sus costumbres e instituciones propias.
A pesar del reconocimiento del pluralismo jurídico y la concepción de un Estado plurinacional e intercultural, los mecanismos de coordinación y cooperación entre la justicia ordinaria y justicia indígena no han sido efectivos. Al contrario, se muestra una clara persecución y criminalización a las autoridades que administran justicia; situación que fue evidenciada claramente, en el informe emitido por la Comisión de Justicia de la Asamblea. Que concluyó lo siguiente:
“La judicialización y criminalización en contra de líderes y miembros de la comunidad responde a una lógica de poder, caracterizada por elementos políticos, sociales y culturales en un contexto de descolonización y transición hacia la plena vigencia del Estado Plurinacional e intercultural. Es decir, los delitos por los que se imputaron a las autoridades y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar son delitos conexos con hechos de naturaleza política”.
Como organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los pueblos y la naturaleza exhortamos a las y los legisladores procedan con absoluta responsabilidad y compromiso, como un hecho que marque historia con los pueblos y nacionalidades para que, a través de una decisión afirmativa al informe de solicitud de amnistías, se ratifique sus derechos, que contribuirán en el desarrollo de la plurinacionalidad y la interculturalidad reconocida en la Constitución.
La Constitución del Ecuador del 2008 establece según el art.171 que:
“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.”
Creemos que esta solicitud de amnistía constituye un precedente para los demás casos que existen o puedan existir por persecución o criminalización de autoridades indígenas por administrar justicia; además de que es un acto de aceptación a las recomendaciones emitidas por el sistema universal que en su informe especial del 13 de septiembre de 2019, de la Relatoría Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, emite cuarenta y cuatro recomendaciones entre estas la especial preocupación por el caso de San Pedro de Cañar declarando lo siguiente: “La falta de avances en la aplicación del pluralismo jurídico unida a la criminalización está generando preocupantes procesos de represión, conflicto, e incluso extorsión, como se denunció en San Pedro del Cañar.”
Además, en el informe de solicitud de amnistía en favor de 20 líderes indígenas y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar por parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea resolvió:
“Procede la amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar por su carácter político y al tratarse de delitos no excluidos en el marco constitucional y legal ecuatoriano. La amnistía en favor de los líderes y miembros de la Comunidad de San Pedro del Cañar, constituye una forma de reparación histórica y reconocimiento del derecho a la verdad y justicia”.
En ese sentido, creemos que la potestad que tiene la Asamblea Nacional de conceder la amnistía a las autoridades de Cañar permitirá reparar las falencias por parte de la justicia ordinaria que han desconocido la aplicación del derecho propio y el pluralismo jurídico, y por ende no han garantizado el pleno desarrollo de los derechos colectivos.
La comunidad de San Pedro de Cañar y en general, los pueblos y nacionalidades del Ecuador y de la región durante varias décadas han resistido y luchado para que sus derechos se reconozcan, para dejar a un lado los prejuicios culturales, la deslegitimación de su cosmovisión e incluso, como en este caso, la suposición de que prevalezca una sola justicia. Por lo que ante esta oportunidad de reivindicación, exigimos a los señores y señoras legisladoras verdad, justicia y reparación para las familias y las veinte autoridades indígenas del Alto Cañar.