Tras la audiencia de apelación, este 23 de junio de 2023, el Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha resolvió, por unanimidad, que el caso por delito de odio en perjuicio a Jimmy Ocles avance a juicio. Además, en la resolución se revocó el sobreseimiento (suspensión del procedimiento judicial) que recibieron los dos policías y un guardia de seguridad que participaron en la detención de Jimmy O., suscitada el 10 de diciembre de 2021, en un centro comercial de la ciudad de Quito.
Sofía Llerena, coordinadora legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), afirma que los hechos que tuvieron relación con la detención de Ocles se configuran como un acto de odio debido a que el actuar de los procesados respondió a un perfilamiento racial, en el que se categoriza como sospechosas a personas que históricamente han sido criminalizadas, que debido a sus etnias son más propensos a ser víctimas de violencia.
“El actuar de los tres procesados por los hechos, ocurridos el 10 de diciembre de 2021, generó violencia física y psicológica en Jimmy, por lo que, se encasilla en el delito de odio, determinado en el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, explicó la abogada.
Algunos de los elementos de convicción que ayudaron al Tribunal a tomar su decisión fueron cerca de 10 versiones que constan en los nueve cuerpos legales de la investigación, y los peritajes sobre la afectación que sufrió Jimmy O., tanto a nivel psicológico como físico, durante y después de la detención de 2021. Estos elementos de convicción serán tomados como pruebas en la etapa de juicio.
Para Llerena, esta resolución de la jueza permitirá que el caso llegue a juicio y, con eso, que se presenten las pruebas documentales, periciales y testimoniales pertinentes que comprobarán la comisión del delito por parte de las tres personas procesadas.
“El judicializar este tipo de actos conlleva al análisis público sobre el actuar de las fuerzas estatales que tienen el uso de la fuerza (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), quienes han basado sus acciones en criterios de perfilamiento racial, ocasionando vulneraciones de derechos humanos como sucedió en este y varios casos más”, indicó Llerena.
Sobre la detención de Jimmy en 2021, “no existió un debido actuar en el operativo policial y, tal como consta en el parte policial de la detención, Jimmy tenía miedo tras el acercamiento abrupto de los procesados, quienes lo sometieron al punto de romper su camisa, para posteriormente llevarlo a una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) donde permaneció 40 minutos y se le hizo un registro en el que verificaron que no tenía antecedentes penales ni poseía armas”, señaló Llerena quien recalcó que ese día Jimmy fue catalogado como sospechoso por su color de piel.
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