Organizaciones GLBTI apelan resolución negativa a la acción de protección contra mensajes de odio

Eran las 8:30, del miércoles 25 de octubre de 2017, en el Complejo Judicial de Quitumbe, sur de Quito, y tres buses de la provincia de Esmeralda llegaron repletos de personas que respaldaban al movimiento Vida y Familia que se alistaban a ingresar al salón 107 del Complejo Judicial donde se instalaría la audiencia de protección contra la Conferencia Episcopal y el movimiento. La razón: estas dos agrupaciones promovieron la marcha “Con mis hijos no te metas” que emite mensajes de discriminación contra la comunidad GLBTI.

Hasta el Complejo judicial llegaron, varios periodistas, activistas y organizaciones LGBTI junto a organizaciones de derechos humanos para asistir a la audiencia de acción de protección.  Debido a la masiva concurrencia, funcionarios del Complejo dispusieron dos salas para que las partes puedan presencia la audiencia. Veinte personas ingresaron  del movimiento Vida y Familia en la una sala y otras 20 de los colectivos y organizaciones GLBTI, además de los periodistas, a la otra.

La audiencia se instaló las 8:48 con la presencia de los accionantes Iván Marcelo Carrazco Montalvo, del colectivo Tejido Diverso; Michael Xavier Fuentes Aguirre, y Cayetana Natasha Salao Sterckx, representados por los abogados Hernán Acevedo y Cynthia Carrazco, en contra de los líderes religiosos Eugenio Arellano, obispo Vicario Apostólico de Esmeraldas y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana(CEE); Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil y vicepresidente de la (CEE); y René Coba Galarza, obispo castrense del Ecuador y secretario general de la (CEE).

También la acción fue presentada en contra de Freddy Guerrero, Jaime Cornejo, Fernando Lay y Estuardo López, del movimiento Vida y Familia, representados por Guido Escobar, Braulio Álvarez y Carlos Larzenio.

Con las partes presentes, los jueces del Tribunal de Garantías Penales de Quito Wilson Caiza, Miriam Escobar y Fausto Lana iniciaron la audiencia, sin antes informar que los amicus curiae presentados por Cristina Vera, en representación de Surkuna; Gabriela Flores por INREDH; Rodrigo Varela por la Defensoría del Pueblo; y Karina Santos de PromSex, no serán escuchados en audiencia, a excepción de uno que eligieran los accionante.

Resuelto esta medida,  Cynthia Carrazco arrancó la defensa del movimiento LGBTI y dijo  que el discurso que utilizan los líderes religiosos para convocar a la marcha implícitamente tiene un efecto de irradiación, por lo tanto logra que la sociedad ecuatoriana generalice y reproduzca  discursos de odio contra los grupos GLBTI. “Esto se ve reflejado en el uso de los conceptos de familia natural o en su diseño original –sustentó Carrazco – para probarlo mostraron un video de los líderes religiosos convocando a la marcha y los mensajes colgados en redes sociales”.

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Cristina Vera, de Surkuna en ejercicio del amicus curiae, señaló a los jueces  que  existen límites para la libertad de expresión, más aún cuando esta viene desde un poder religioso como la Iglesia.  “Para ello se rigen deberes y responsabilidades especiales – enfatizó Vera -, las restricciones de la libertad de expresión hacen efecto cuando se sobrepasa los límites y pone en riesgo la seguridad de minorías”. Además, dijo que el discurso de odio es evidente en los comunicados difundidos por la Conferencia  Episcopal Ecuatoriana y el movimiento Vida y Familia  que enraízan en el concepto de la dignidad humana vista en el orden natural de la familia, como aquellos únicos seres dignos de humanidad.

Por el otro lado, Pier Pigozzi, defensor de la Conferencia Episcopal, argumentó que los accionantes pretenden confundir a los magistrados utilizando sentencias y ejemplos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no pueden aplicar al caso, ya que no se ha violado ningún derecho, más bien se está restringiendo el derecho a la libertad de expresión. Su argumento fue que el lenguaje de los comunicados es un lenguaje conciliador, es una manifestación legal y amparada en la Constitución contra un proyecto de ley. A su postura se sumó Braulio Álvarez, quien preguntó cómo los mensajes en redes sociales son responsabilidad de su defendido e increpó a los accionantes a demostrarlo, asegurando que hasta el momento, la defensa de los miembros de la comunidad GLBTI que no han demostrado un hecho concreto que haya violado los derechos de las minorías.

Tras escuchar las intervenciones durante cuatro horas, el Tribunal suspendió la audiencia y fue a deliberar.  Para Gabriela Flores, abogada de INREDH, la decisión del juez de no escuchar a las partes que presentaron el amicu curiae, demuestra el uso de meras formalidades para socavar derechos garantizados en la Constitución.   “Esto desembocó en una audiencia parcializada donde los abogados accionantes tenían  menor tiempo para sus intervenciones frente a los accionados”.

Por su parte Iván Carrazco, se mostró optimista y comentó que pese a que la audiencia fue parcializada se logró exponer  los argumentos y el tema ha sobresalido en la opinión pública, lo que hace que la sociedad ecuatoriana debata.

A las 15:30, la audiencia se reinstaló, el juez Wilson Caiza resolvió que los comunicados de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el movimiento Vida y Familia no contienen mensajes que generen odio o discriminación; por lo tanto, la marcha #ConMisHijosNoTeMetas no vulneró los derechos de la minoría GLBTI. Negó la acción de protección.

La resolución del magistrado generó aplausos de los simpatizantes de
Vida y Familia,  mientras el abogado Hernán Acevedo apeló la decisión del  juez en medio de los festejos  del movimiento religioso que rápidamente abandonó el lugar cantando alabanzas de su comunidad religiosa.