La mañana del 24 de enero del 2019, a las 10h, el presidente de la Comisión Calificadora Ernesto Albán instaló la audiencia de impugnación de la candidatura de Enrique Herrería a la Corte Constitucional, con la presencia de las víctimas y organizaciones de derechos humanos que presentaron cinco impugnaciones.
Mónica Vera, Clara Merino, Fernando Andino, Yelena Moncada y Guadalupe Muñoz tuvieron 20 minutos para presentar sus argumentos y razones por la cual Herrería no tiene probidad para desempeñar el cargo de juez constitucional.
La Comisión Calificadora designó el orden de intervención de las impugnaciones de acuerdo a como fueron presentadas. Mónica Vera, presidenta del INREDH, fue la primera en intervenir.
La presidenta de Inredh, Mónica Vera, recalcó la importancia de establecer si el candidato goza de la probidad notoria. El candidato es mencionado dentro del informe de la Comisión de la verdad en el caso de María Banchón y otros, cuando se desempeñaba como Intendente de la Policía Nacional. “Esto conlleva a la falta de coherencia, por qué permitió detenciones arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales y no se debe desconocer el informe de la Comisión de la Verdad”, afirmó Vera.
Por el Comité de Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos y de Lesa Humanidad, intervino Clara Merino, que señaló que la investigación del informe de la Comisión de la Verdad, señala a Enrique Herrería como presunto responsable, Merino enfatizó en el hecho de elegirse a Herrería se dará un mensaje de impunidad y no reparación a las víctimas de violaciones de derechos en el Ecuador.
Así mismo Fernando Andino, enfatizó el hecho de que Herrería conste en el informe como presunto responsable, y puso a disposición la orden de detención firmada por Herrería, Yelena Moncada y Guadalupe Muñoz, centraron sus intervenciones, como una obligación de presentar la impugnación siendo víctimas indirectas, Moncada por un lado señaló que si se da la atribución de juez a Herrería, se contraviene con la obligación del Estado de reparar a las víctimas.
Por otra parte Muñoz recordó el objetivo de las víctimas cuando se creó la Comisión de la Verdad, y enfatizó que este fin no es económico, ni político, su fin es no dejar en la impunidad los casos de violaciones de derechos humanos, y otorgar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
Posteriormente, la Comisión otorgó tiempo para que Herrería defienda su postulación a la Corte Constitucional, Herrería comenzó su intervención manifestando que ha sido calumniado, acusado de cometer hechos hasta de genocidio, expresó que en su defensa solo se referirá a su trayectoria por la intendencia de la policía que fue comprendida durante el gobierno de Rodrigo Borja.
Herrería revirtió la carga de la víctima María Banchón, en su ausencia la acusó de asesinar a sangre fría un policía, y robar un banco, caso que se judicializó, Herrería afirmó que cumplió con su trabajo como Intendente de Policía, además que Banchón fue capturada cometiendo un delito infraganti, para apoyar su defensa, Herrería presentó una copia del diario El Universo de 1991 donde se narraba la noticia del hecho.
La estrategia de Herrería fue un tanto obvia, puesto que después de re victimizar en su ausencia a Maria Banchón, construyó una imagen pulcra de si mismo, al mencionar las calificaciones para los postulantes a la Corte Constitucional. Y para concluir su intervención, recurrió a cuestionar la integridad de las organizaciones y personas impugnantes, por una parte con un tono grosero, machista y déspota desconoció la presencia de Mónica Vera, como presidenta del INREDH, involucró a nuestro ex asesor jurídico David Cordero, invitándole al puro estilo socialcristiano, a que se presente él, a impugnar la acción, descontextualizo nuestro trabajo histórico sobre hechos de graves violaciones a los derechos humanos en la frontera norte.
Mónica Vera respondió los ataques de Herrería, se ratificó como la presidenta de INREDH, y demostró que la actitud del impugnado, al de defenderse atacando a los impugnadores, debería ser suficiente para denotar su verdadera naturaleza, que demuestra que no tiene probidad para ejercer el cargo de juez constitucional.