Personas de 30 países se suman al clamor de justicia de las comunidades de la cuenca del río Dulcepamba

Hoy se cumplen 8 días de la audiencia celebrada ante la Sala Especializada de lo Penal y de Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua por el recurso de apelación que planteó el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) frente a la sentencia que dictó la jueza Tania Haro Figueroa el pasado 8 de diciembre del 2021. Por esta razón, una delegación entregó hoy  a la Corte una petición con más 3 mil firmas de personas del Ecuador y otros 30 países, que se suman al pedido de justicia para la cuenca del río Dulcepamba y sus comunidades ante los impactos socioambientales de la central hidroeléctrica San José del Tambo. 
La sentencia de la jueza Tania Haro aceptó la acción de protección que planteó la empresa hidroelectrica Hidrotambo S.A en contra del MAATE por la supuesta violación de sus derechos a la seguridad jurídica y el debido proceso durante la tramitación del recurso extraordinario de revisión Nro. 2018-008 interpuesto por las comunidades que cohabitan en la cuenca del río Dulcepamba. Es importante resaltar que la jueza tomó esta decisión sin considerar a las comunidades directamente afectadas. 
La resolución del recurso extraordinario de revisión que impugnó la empresa Hidrotambo garantiza la soberanía alimentaría y el uso de agua para consumo humano de las comunidades que viven en la parte alta de la cuenca del río Dulcepamba y protege a la comunidad San Pablo de Amalí de probables inundaciones ocasionadas por la inadecuada construcción de la infraestructura de la central hidroeléctrica San José del Tambo. 
Además, reconoce que el agua de la cuenca del río Dulcepamba es acaparada por la empresa Hidrotambo, por lo que establece que debe reducirse a cero el caudal de agua autorizado a esta empresa, durante la época seca. Esto para proteger el balance hídrico de la cuenca y garantizar agua para las comunidades campesinas y para el caudal ecológico del río Dulcepamba. 
Las firmas que se entregaron hoy, demuestran el apoyo a las comunidades y al río Dulcepamba. Sobre esta base, exigimos a la Sala de  la  Corte Provincial de Tungurahua una sentencia que proteja y garantice  los derechos humanos de las comunidades y los del río Dulcepamba. A este pedido de justicia se han sumado personas de 30 países: Alemania, Argentina, Austria, Barbados, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, India, Líbano, México, Mongolia, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Perú, Portugal, Reino Unido, República Dominicana, Suecia, Suiza, y Venezuela. 
Desde Quito, Alberto Acosta Espinoza explicó su adhesión señalando que lo hace «Por el derecho al agua que se tiene que defender para las comunidades del sector, y para no permitir que esta empresa salga impune por intereses netamente individuales sin importar las consecuencias que ha venido ocasionando a su alrededor.»
Mariana Yumbay, desde  la provincia Bolivar, Ecuador, expresó que su adhesión es: “En solidaridad a los compañeros y compañeras de las 140 comunidades campesinas e indígenas de la cuenca del río Dulcepamba, en defensa del agua.»
Desde Perú, Nelsy Calledice: «Exigimos a las autoridades competentes que velen por los derechos de las 140 comunidades campesinas e indígenas y resguarden la biodiversidad de ese lugar.»
Destacamos el reclamo contundente de una firmante desde Estados Unidos «¡No se debe permitir que se revierta la victoria tan duramente ganada por estas comunidades campesinas y la naturaleza!»
Con el apoyo y poder de vigilancia de todas estas voces, pedimos a la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua la revocatoria de la sentencia emitida por la jueza de primera instancia, ya que es la decisión apropiada conforme a derecho, con imparcialidad e independencia, para garantizar la vigencia de los derechos y la justicia en este caso.
¡Justicia Dulcepamba!
 
 
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Proyecto Socioambiental Dulcepamba – 099-931-1384