Han transcurrido más de cuatro años desde que Jimmy alzó la voz y denunció, sin embargo, la audiencia se ha suspendido por más de cuatro ocasiones, retardando injustificadamente la obtención de justicia.
«Llevo más de cuatro años buscando justicia. No pido nada más que eso. Quiero que este caso sirva de ejemplo y que quienes están atravesando situaciones similares no tengan miedo de denunciar. Mi caso no es aislado. Esto les pasa a personas afro todos los días, en distintos contextos» expresó Jimmy.
Según fiscalía, los procesados Johny R. y Marco J., agentes policiales de la Brigada Anticriminal habrían actuado de forma discriminatoria contra un ciudadano afrodescendiente, interviniéndolo sin identificarse como agentes policiales y utilizando fuerza desmedida durante el procedimiento.
Asimismo, Carlos B., guardia de seguridad, habría contribuido al procedimiento discriminatorio al colaborar en la identificación y retención de la víctima sin fundamentos claros, acción que, según la acusación, derivó en su detención y exposición pública. La causa se sustenta en el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona los delitos de actos de odio racial.
Este caso representa un precedente importante a nivel legal en relación con la defensa de derechos humanos de personas afrodescendientes en la lucha contra el perfilamiento racial, el racismo y la discriminación. Su desarrollo podría marcar un avance histórico en la protección de los derechos de las personas afrodescendientes frente a la violencia y discriminación racial que persiste en Ecuador, señaló Diana León, asesora legal de INREDH.
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