La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, a través del informe “50 días de represión en Perú. Vulneraciones de Derechos Humanos durante movilizaciones”, con corte del 25 de enero de 2023, denunció que existen 56 personas fallecidas, de las cuales 46 son resultado del uso desproporcionado de la fuerza por policías y militares.
Asimismo, la organización de derechos humanos recalca que lejos de tomar medidas para poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, los altos funcionarios del gobierno de Dina Boluarte avalan y promueven la actuación de las fuerzas del orden, incluso ofreciendo bonos dinerarios para premiar su actuación, a través de los medios de comunicación. Esto evidencia que se encuentran ante lineamientos de una política de Estado, concluyen.
En el escrito documental cada una de las vulneraciones a los derechos humanos que la organización ha documentado durante estos 50 días:
1. Uso arbitrario de la fuerza, resultando en 46 ejecuciones extrajudiciales y 912 civiles heridos.
- Se ha utilizado munición prohibida para el control de multitudes, como perdigones de metal inclusive calibre 00, canicas de vidrio y balas; asimismo, el uso de fusiles automáticos, incluyendo fusiles AKM en el caso de la PNP 6 y fusiles GALIL en el caso de ejército.
- Uso de bombas lacrimógenas lanzadas directamente al cuerpo de manifestantes, y desde helicópteros en Ayacucho el 15/12/22 y en Juliaca el 09/01/23.
- El uso indiscriminado de la fuerza ha afectado no solo a personas que se manifiestan de manera pacífica, sino también a transeúntes e inclusive, a personas que prestaban ayuda médica 12 y periodistas que cubrían los hechos.
2. Torturas y tratos inhumanos y degradantes por parte de la PNP, un grupo de 8 personas detenidas en Andahuaylas el 12/ 12/22 fueron brutalmente golpeadas durante su reclusión y privadas de alimentos. También, en Lima se han documentado agresiones a manifestantes, tanto al momento de la intervención policial como durante el traslado a las comisarías. Los detenidos son confinados en hacinamiento, sin adecuada ventilación ni infraestructura que les permita tener algunas horas de sueño mientras aguardan la decisión de la Fiscalía.
3. Violencia sexual, se documentó un caso de agresión sexual múltiple al interior de una dependencia policial contra una ciudadana detenida en el contexto de las protestas. Durante las revisiones médico legales es recurrente el desnudamiento integral e injustificado, por no existir lesiones bajo la ropa. Así mismo, se ha recibido el reporte de revisiones íntimas y tocamientos indebidos a las mujeres manifestantes y estudiantes detenidas durante la invasión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
4. Militarización, incrementa el riesgo de vulneraciones de derechos humanos. El ejército ha sido el responsable de la masacre perpetrada en Ayacucho el 15 de diciembre del 2022 ytambién se ha documentado despliegue militar en otros lugares del país, incluyendo la capital.
5. Estados de emergencia y allanamientos sin fiscal,suspensión de derechos a través de la declaratoria de estado de emergencia, se ha violado el principio de proporcionalidad. Además, se han registrado allanamientos de viviendas y locales organizacionales sin presencia fiscal, y sin mediar una flagrancia delictiva que lo justificara como es el casoen Lima que se han producido allanamientos en el local de la Confederación Campesina del Perú y en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
6. La infiltración de las movilizaciones con efectivos encubiertos que instigan a los manifestantes a cometer disturbios y realizan detenciones arbitrarias, y se ha detectado infiltración e instigación a través de grupos de whatsapp y afines.
7. Sembrado de pruebas incriminatorias, según pudo documentar la propia Fiscalía, en Pichanaki (Chanchamayo, Junín) un activista fue detenido por la policía al terminar una movilización y trasladado a la comisaría donde para incriminarlo, le sembraron droga y lo denunciaron por tráfico de estupefacientes. En Lima, la Policía trató de presentar como pruebas contra campesinos alojados en el local de la Confederación Campesina del Perú, machetes nuevos que aún presentaban las etiquetas del supermercado de origen.
8. Desconcentración injustificada de manifestantes y asambleístas, una herramienta empleada de manera recurrente para dispersar las asambleas y movilizaciones es el uso arbitrario de los procedimientos de control de identidad. La desconcentración también se efectúa a través del uso de la fuerza, disparando gases lacrimógenos contra personas que se movilizan pacíficamente.
9. Detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y criminalización de ciudadanos. La Fiscalía reporta, a la fecha, 104 carpetas fiscales en las que se investiga a 507 personas por las protestas, de las cuales 8 se encuentran cumpliendo prisión preventiva. Respecto al número de detenciones se reportan 608 casos, los cuales no consideran a quienes fueron sometidos a procedimientos de control de identidad.
10. Agresiones a defensores de los derechos humanos, la señora Ruth Bárcena, presidenta de la Asociación de víctimas de la masacre de Ayacucho, sufrió la violación de domicilio y amenazas de muerte por parte de dos sujetos de porte militar el14 de enero de 2023. Varios medios de comunicación han publicado las imágenes e incluso domicilios de defensores de los derechos humanos, exponiéndolos a agresiones directas. Además, han recibido mensajes amenazantes en cinco líneas de asistencia legal del movimiento de derechos humanos, así como scratches de grupos de ultraderecha en tres locales institucionales.
11. Vigilancia e Interceptación de comunicaciones 32 de personas únicamente por la expresión de posiciones críticas al Ejecutivo y al Congreso.
12. Terruqueo, el oficialismo sostiene que las acciones de protesta a nivel nacional constituyen atentados terroristas y que el MOVADEF es el responsable de las movilizaciones, por lo que a nivel nacional se han identificado 9 carpetas de investigaciones por terrorismo relacionadas con las protestas, aunque no se descarta que existan más. Al mismo tiempo se han creado cinco fiscalías especializadas en terrorismo. Es decir, se ha construido una arquitectura institucional para investigar bajo la legislación antiterrorista conductas asociadas a la protesta social.
13. Desmantelan fiscalías de derechos humanos, La nueva Fiscal de la Nación ha reducido las fiscalías de derechos humanos de 12 a 7, recortando significativamente el personal y los recursos logísticos asignados para investigar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante las movilizaciones.
14. Ataques a periodistas, Desde el 1 de enero la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha documentado 37 agresiones contra los integrantes del gremio en el contexto de movilizaciones, de las cuales el 45% han sido perpetradas por policías.
15. Violación de derechos indígenas y discriminación, Se han documentado dos situaciones de incautación de distintivos culturales de ciudadanos indígenas que se movilizan portando sus armas tradicionales que los identifican como guerreros ancestralmente, Se han registrado barreras para el acceso al derecho a contar con un intérprete y con ello al derecho a la justicia.