Este 1 de marzo de 2024, se cumplen 16 años desde que el Ejército colombiano bombardeó un campamento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se encontraba en territorio ecuatoriano, en la zona de Angostura, provincia de Sucumbíos. Las familias de los cuatro jóvenes mexicanos que fueron asesinados en este bombardeo, en su exigencia de justicia y de judicialización a los responsables, buscan respuestas del presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Para esta conmemoración, la Asociación de Familiares de Víctimas de Sucumbíos hizo público un pronunciamiento, donde solicitan al presidente Petro “su apoyo para que podamos acceder a información clasificada que obra en los procesos judiciales interpuestos en Colombia para proteger a los criminales y condenar a las víctimas, información clave para el caso de nuestros hijos, y para cientos de casos más, por lo que es primordial evitar sea destruida o extraviada”.
“Hemos de decirle que las madres y padres de los cuatro jóvenes mexicanos asesinados en Sucumbíos, somos gente de la tercera edad que difícilmente podremos sobrevivir otros 16 años reclamando JUSTICIA. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, ni perseguimos remuneración económica alguna, solamente exigimos VERDAD Y JUSTICIA para nuestros hijos, que los culpables y principales responsables sean llevados a juicio para que sean castigados por sus crímenes y que se limpie el nombre y la memoria de nuestros jóvenes”, recalcan en su escrito.
Asimismo, las familias de Verónica, Juan, Fernando y Soren indican que durante 16 años no han tenido respuesta positiva ni de las autoridades de Ecuador, solo se han limitado a decir que los principales responsables gozan de fuero por sus altos cargos en Colombia; sin embargo, la única sobreviviente mexicana de aquel criminal ataque, Lucía Morett, sí fue perseguida por el poder judicial ecuatoriano al solicitar una alerta roja de captura ante INTERPOL.
La misma situación de dilación y silencio han visto en Colombia y en México, donde incluso se les ha criminalizado acusándolos falsamente de ser terroristas, narcotraficantes o de ser guerrilleros entrenándose para formar nuevos cuadros de la guerrilla de las FARC-EP en México.
Ante la falta de respuesta e inoperancia frente a estos hechos, el 25 de marzo 2014, las familias presentaron una petición de admisión del caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la vulneración de derechos por parte del Estado ecuatoriano, colombiano y mexicano al no otorgar una respuesta certera frente a la exigencia de reparación integral, verdad, justicia y memoria.
Esta petición fue aceptada por la CIDH en febrero de 2021. Entre los derechos vulnerados en este caso se contempla el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
Actualmente, los tres países involucrados se encuentran en etapa de fondo dentro de la CIDH. En el 2021 y 2022, las organizaciones peticionarias aportaron con información correspondiente a los hechos generales y particulares ocurridos en cada país; las investigaciones y los informes de las tres naciones; las vulneraciones a los derechos, y varios informes de trabajo social sobre los proyectos de vida, desgaste mental y/o físico.
Se prevé que la CIDH evalúe si existió o no la vulneración de los derechos alegados y remita un informe de fondo, en el que existan recomendaciones para los Estados involucrados.
Sobre el caso
El 1 de marzo de 2008 se ejecutó la operación FENIX que tenía como objetivo la detención de Édgar Devia, alias Raúl Reyes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ese día, el operativo comenzó alrededor de las 00h20 del 01 de marzo con un bombardeo aéreo con misiles de alto poder. El ataque lo realizaron miembros del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional de ese mismo país que arremetieron contra el campamento de las FARC, localizado en el sector de Angostura, ubicado en el cantón Putumayo, provincia Sucumbíos.
Tras el bombardeo, entre las 00h25 y las 03h30, tropas colombianas desembarcaron en el lugar. Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Avilés Ángeles estaban en el campamento, horas después encontraron sus cuerpos con disparos a quemarropa. Solo, Lucía Morett, estudiante mexicana, junto a dos mujeres más sobre vieron al ataque.
Los cuatro estudiantes se encontraban en lugar para estudiar los grupos sociales insurgentes, tema de investigación de su tesis de posgrado. Del bombardeo sobrevivieron tres mujeres: Doris Torres, de 21 años, Martha Pérez, de 24 años, ambas de nacionalidad colombiana; y Lucía Morett, de México.
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