Hoy, 18 de marzo de 2026, a las 09h00, se llevó a cabo una rueda de prensa en Quito convocada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTIQ+, con el objetivo de pronunciarse frente a los recientes acontecimientos relacionados con los derechos de las adolescencias trans en Ecuador.
El pronunciamiento se da en el contexto de la sentencia No. 4-24-CN/26 emitida el pasado 10 de marzo por la Corte Constitucional del Ecuador, que declaró inconstitucional exigir la mayoría de edad para el cambio de género en la cédula de identidad, permitiendo que adolescentes entre 12 y 18 años accedan a este derecho en el marco del libre desarrollo de la personalidad y con el acompañamiento de sus representantes legales.
Sin embargo, el 16 de marzo, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del Ecuador inició un proceso de fiscalización sobre los efectos de esta sentencia, con el fin de analizar sus implicaciones sociales y jurídicas. Esta acción ha generado preocupación en organizaciones sociales, que consideran que podría poner en riesgo derechos ya reconocidos.
Durante la rueda de prensa, voceras de organizaciones sociales enfatizaron la importancia de respetar el derecho a la autoidentificación de género como un principio fundamental de los derechos humanos, especialmente en poblaciones históricamente vulneradas.
Intervención de Nicole Abad, abogada de la Fundación Diálogo Diverso, explicó que: “La sentencia que dictó la Corte Constitucional toma en cuenta a los menores de entre 12 y 18 años, para que puedan acceder a sus derechos de autorreconocimiento e identificación, que todos tenemos. Este debe pasar por una evaluación psicosocial, en la que se analiza la capacidad y madurez del adolescente para tomar esta decisión.” En este sentido, la abogada precisó que este es, en esencia, el alcance de la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador.
En este espacio, también se cuestionó la falta de inclusión de los colectivos directamente afectados en los espacios de debate legislativo. Representantes de organizaciones LGBTIQ+ y colectivos trans señalaron que no han sido convocados a participar en estos procesos, a pesar de ser actores clave en la discusión, e insistieron en la necesidad de garantizar su participación.
Por su parte, Sarah Flores Taipe, mujer trans y activista LGBTIQ+, parte de la organización Furia Trans, señaló que: “No estamos dañando la familia, estamos construyendo un país inclusivo.” También, hizo un llamado a salir de “esta burbuja creada” y aclaró: “No es que mañana va a haber fila en el Registro Civil para cambiar su nombre y género, es imposible; solo queremos que se entienda que la población trans existe y seguimos resistiendo.” Finalmente, enfatizó que “las políticas públicas deben ser generadas para evitar la vulneración de derechos.”
Las organizaciones convocantes reiteraron su respaldo a la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador y su rechazo a cualquier intento de cuestionar o limitar los derechos de las adolescencias trans. Hicieron un llamado a las instituciones del Estado a garantizar el respeto pleno de la sentencia y a promover políticas públicas inclusivas que eviten la vulneración de derechos. En ese marco, exhortaron a cesar los discursos de odio y desinformación que circulan en torno a la población trans, advirtiendo que estos no solo profundizan la estigmatización, sino que también incrementan los riesgos de violencia y exclusión. Finalmente, insistieron en la necesidad de fomentar un debate público responsable, basado en información verificada y en el respeto a la dignidad humana.
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