Hoy, lunes 30 de junio de 2025, se reinstaló la audiencia de Acción de Protección contra la Policía Nacional, por la detención ilegal y arbitraria hacia los defensores de derechos humanos Miguel P. y Jafet G., detenidos el 21 de noviembre de 2024 durante una movilización social en Quito.
Durante la diligencia, ambos defensores rindieron sus testimonios de forma presencial ante la jueza y las partes procesales, donde relataron con detalle los tratos crueles, inhumanos y degradantes que vivieron en las más de seis horas de detención arbitraria por parte de efectivos policiales. Sus declaraciones reconstruyeron las agresiones físicas y psicológicas que enfrentaron pese a estar identificados como veedores de derechos humanos.
Además, se presentaron tres Amicus Curiae por parte de organizaciones expertas en derechos humanos: Ilex Acción Jurídica (Colombia), el Centro de Derechos Humanos y de la Naturaleza de la PUCE (Ecuador) y el Centro de Investigación y Defensa Sur (Chile). Las tres instituciones respaldaron la acción desde un enfoque de derechos humanos, destacando la obligación estatal de proteger a quienes ejercen la defensa de los derechos fundamentales, y denunciaron el uso de la fuerza como mecanismo de intimidación y castigo.
Tras la presentación de los testimonios y los Amicus, se desarrollaron las réplicas de las partes. La defensa del Estado alegó que no existieron vulneraciones constitucionales. Sin embargo, Amanda Mosquera, asesora legal de Inredh y representante de los accionantes, refutó esta postura recordando que se violentaron derechos como la integridad física, psíquica y moral, la protección de datos personales, la inviolabilidad de correspondencia virtual y el derecho a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, insistió en la necesidad de que se dispongan medidas de reparación integral, incluyendo las de no repetición.
Para la abogada del caso, Ariadne Celi, es importante señalar que: “Las expectativas del caso son claras: esperamos que la jueza acepte la acción de protección y declare la vulneración de los derechos constitucionales de los defensores Miguel y Jafet. Este caso puede marcar un precedente de protección reforzada por parte del Estado hacia quienes defienden derechos humanos, especialmente en contextos de protesta social”.
Finalmente, la audiencia para la lectura de la sentencia se reinstalará de forma virtual en los próximos días, en la cual se dictará la resolución oral del caso. Se espera que esta decisión judicial garantice la reparación integral a las víctimas y establezca medidas efectivas de no repetición.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante 7 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
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