*Por Antonella Amangandi
El 1 de marzo de 2008 marcó un antes y un después en la memoria colectiva de nuestra región. En Ecuador, en la zona de Angostura, provincia de Sucumbíos, un operativo militar ejecutado por fuerzas de Colombia terminó con la vida de varias personas, entre ellas cuatro jóvenes mexicanos: Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado, Soren Avilés Ángel y Verónica Velásquez Ramírez. Dieciocho años después, el caso Angostura sigue siendo una herida abierta que interpela a la conciencia colectiva y plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es justicia, si la justicia tarda en llegar?
Conmemorar no es simplemente recordar una fecha, es traer al presente lo que aún duele, lo que aún está pendiente, lo que aún exige respuestas. En Angostura no solo se produjo una operación transfronteriza sin precedentes en violación a los Derechos Humanos, también se afectó la soberanía de un Estado y se abrió un camino de incertidumbre para las familias de las víctimas.
Durante estos 18 años, las madres, padres y hermanos de los jóvenes mexicanos han cargado con un duelo permanente, por la necesidad de explicar una y otra vez quiénes eran sus hijos e hijas, por la carga de enfrentar narrativas que buscaron justificar lo injustificable o sembrar dudas sobre su condición de víctimas. Las familias se han convertido en defensoras de derechos humanos, voceras ante instancias nacionales e internacionales y guardianas de la memoria, en una lucha por la justicia y por preservar la dignidad y el recuerdo de quienes ya no están.
Antes que víctimas o cifras, fueron hijos, hermanos y amigos, personas llenas de vida con proyectos, con sueños y con una firme vocación por comprender y transformar la realidad latinoamericana. Hoy, a 18 años de su muerte los recordamos:
Juan Gonzales del Castillo era hijo único, sus padres lo recuerdan como un joven reflexivo, comprometido con la filosofía y con una profunda sensibilidad social. Su madre aún conserva su imagen en fotografías ya que le fue imposible despedirse de él, de su cuerpo debido a la magnitud del ataque. Juan sigue viviendo en la memoria de sus padres como el hijo amoroso, solidario y critico que soñaba con un mundo más justo.
Fernando Delgado es recordado por su familia como un joven comprometido con causas sociales. Su madre menciona que Fernando era un joven noble, cercano, con proyectos y lleno de energía. Ella ha mencionado en más de una ocasión “Me duermo y me despierto pensando en Fernando”. Su hermana y su madre han tenido que continuar con su vida en medio de la tristeza permanente marcada por el desconsuelo de que la historia de su hermano e hijo quedó interrumpida de manera abrupta.
Soren Avilés era un estudiante de filosofía, tenía la intención de culminar sus estudios y continuar formándose académicamente. Su familia lo recuerda como un joven brillante, sensible y comprometido con la defensa de la vida. Su padre habla de la perdida como una mutilación que transformo su estructura familiar para siempre. Sus hermanos lo recuerdan como un compañero de ideales y de debates intelectuales, incluso lo mantienen presente a través de sueños, le escriben cartas. Uno de sus hermanos nombró a su hijo como Soren, en su honor.
Verónica Velásquez es recordada por su madre como una hija amorosa, inteligente y profundamente humana. Su ausencia no ha pasado desapercibida aun con el paso del tiempo, la tristeza la acompaña en su vida cotidiana, para ella el recuerdo de su hija es una mezcla de amor y dolor por no encontrar justicia.
Para las familias, mientras la justicia tarde, el sufrimiento no se detiene, sino que se prolonga. Cada año sin un pronunciamiento oficial, sin una sentencia definitiva, sin sanciones efectivas, sin reparación integral, es un año más en el que las familias deben seguir explicando por qué sus hijos no eran “daños colaterales”, sino personas con sueños, con proyectos de vida, con historias truncadas violentamente.
El caso Angostura exige responsabilidades claras a los Estados involucrados. Ecuador, cuyo territorio fue vulnerado y no prestó las facilidades para la investigación; Colombia, que ejecutó la operación en un territorio extranjero; y México, como país de nacionalidad de las víctimas y que hasta el día de hoy se ha mantenido en silencio, tenían y siguen teniendo obligaciones jurídicas definidas por el derecho internacional y los sistemas de protección de derechos humanos.
Entre ellas están investigar con diligencia, cooperar entre sí, garantizar el acceso a la información, reparar integralmente a las víctimas y adoptar medidas para evitar que hechos similares se repitan. No se trata de actos simbólicos, sino de deberes concretos que nacen del compromiso con la vida y la dignidad humana. Tanto Ecuador como Colombia y México han tenido y siguen teniendo obligaciones claras frente a las víctimas y sus familias. La cooperación judicial, la investigación seria e imparcial, el acceso a la información, la reparación integral y las garantías de no repetición no son gestos de buena voluntad: son deberes jurídicos.
En este camino, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha representado un espacio fundamental para las víctimas. La intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha permitido que el caso trascienda las fronteras nacionales y que exista una instancia ante la cual los Estados deban rendir cuentas. Aunque los procesos internacionales también son largos y complejos, su relevancia radica en reafirmar principios esenciales: que la soberanía no puede ser vulnerada sin consecuencias, que el uso de la fuerza debe someterse a estándares estrictos y que las víctimas tengan derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Aun así, la pregunta persiste: ¿es justicia, si la justicia tarda en llegar? La justicia tardía no puede devolver la vida ni borrar el sufrimiento acumulado. El dolor de una víctima no espera. Tampoco puede reconstruir los proyectos académicos, profesionales y personales que quedaron truncados, ni recuperar los cumpleaños ausentes, las graduaciones que no ocurrieron o los abrazos que quedaron pendientes. Sin embargo, la ausencia total de justicia es aún más devastadora, porque podría significar que un Estado te arrebate vida sin que exista consecuencia alguna.
Las familias siguen a la espera de la emisión de informes de fondo en las peticiones presentadas ante la Comisión, los cuales podrían contener interesantes recomendaciones a los tres Estados involucrados para la reparación a las víctimas. Mientras esperan, los años pasan y pesan. La confianza en los Estados se perdió hace mucho y han tenido que buscar alternativas que les permitan sobrellevar su dolor y su lucha.
En este sentido, insistir en preservar la memoria es una forma de resistencia. Recordar a Juan, a Fernando, a Soren y a Verónica es afirmar que sus vidas importan, es rechazar la narrativa que los reduce a cifras o a daños colaterales, es exigir que el Estado cumpla con sus obligaciones de generar políticas de memoria.
Las mismas deben orientarse a reconocer la responsabilidad de las graves violaciones de derechos humanos, construir narrativas en conjunto con las víctimas, garantizando la no revictimización y el no maltrato institucional; encontrando alternativas para la reconstrucción del tejido social y la no repetición de la violencia.
Frente a ello ya está claro que los Estados tienen obligaciones para con las víctimas y la sociedad en general, de respeto, garantía y desarrollo progresivo de los derechos, en ese sentido, el implementar políticas públicas de memoria es de suma importancia para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados y las recomendaciones internacionales. Incluso, más allá de eso es una obligación moral de reparación con quienes han sufrido vulneración de sus derechos humanos.
A pesar de ello, las víctimas del caso Angostura han recibido negacionismo, siendo esta una práctica de perpetuación de la violencia, de invisibilización del dolor y la historia. Si se rechaza la memorialización generas un impacto en el derecho a la verdad, por ende, en la obtención de justicia y en las formas de reparación, sobre todo en las garantías de no repetición. En sociedades como las nuestras, donde observamos día a día que la memoria es frágil y que si no se alimenta se pierde, es un deber construirla en conjunto, entendiendo que en ninguna circunstancia debe limitarse a la visión estatal de forma exclusiva.
Dieciocho años después, el caso Angostura sigue interpelándonos, nos recuerda que la vida, la dignidad y la soberanía no son conceptos abstractos, sino que son derechos que fueron vulnerados y que detrás de cada expediente hay familias, hay sueños y hay proyectos de vida que se vieron interrumpidos. Entonces, ¿es justicia, si la justicia tarda en llegar? Tal vez la respuesta más honesta sea que la justicia que tarda no es suficiente, pero si es necesaria porque mientras haya memoria, mientras las victimas sean nombradas, mientras las familias resisten, mientras haya instancias internacionales que escuchan, la posibilidad de verdad y reparación permanece abierta.
Conmemorar hoy es comprometernos a no olvidar, es reconocer que las víctimas de Angostura no representan un capítulo cerrado, sino una deuda pendiente para reafirmar que el paso del tiempo no extingue las obligaciones, que la dignidad no prescribe y que las víctimas de Angustura no serán olvidadas.
Hoy reafirmamos el compromiso con sus padres, abuelos, hermanos, sobrinos y amigos. Hoy reafirmamos el compromiso de seguir exigiendo verdad, justicia y memoria. Por Juan, Fernando, Soren y Verónica.
Antonella Amangandi
Psicóloga y estudiante del último año de Derecho en la Universidad Central del Ecuador. Sus intereses académicos y profesionales se orientan a la promoción y defensa de los derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad de género y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres, población LGBTIQ+, personas en movilidad humana, pueblos y nacionalidades indígenas, así como población en contextos de privación de libertad. Su formación articula la perspectiva psicosocial y jurídica, integrando un enfoque interdisciplinario orientado a la garantía de derechos, la protección de la dignidad humana y la promoción de la justicia social.