María Gabriela Andrade / Asistente legal Inredh |
01/03/2018 |
Recordando Angostura: una década de impunidad |
Este primero de marzo de 2018, se cumplen 10 años del bombardeo al campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la localidad de Angostura, Sucumbíos. Ese día, la guerrilla fue atacada por el Estado de Colombia en territorio ecuatoriano. Murieron Édgar Devia alias ‘Raúl Reyes’, segundo comandante de las FARC; Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano; Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Natalia Velásquez Ramírez, los cuatro últimos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y 18 guerrilleros.
Se pensaba que todas las personas que estaban en el campamento habían muerto. Sin embargo, Lucía Morett, no. Ella, compañera de los 4 estudiantes, sobrevivió al igual que dos ciudadanas colombianas que observaron cómo los militares del país vecino entraron al campamento y revisaron los cuerpos, algunos con vida que fueron ejecutados extrajudicialmente.
Distinto escenario vivió Lucía que fue localizada por militares ecuatorianos y trasladada al Hospital Eugenio Espejo, en la ciudad de Quito, para ser atendida por sus heridas en su cuerpo.
Lucía cuenta que muchas de las personas que se encontraron en el campamento, no pertenecían a las FARC, sino que eran estudiantes que realizaban investigaciones como parte de una actividad extracurricular que consistía en participar en un Congreso Internacional de Estudiantes de Sociología en Ecuador. Así, en Angostura estaban personas de varias nacionalidades como la ecuatoriana, colombiana, mexicana, entre otras.
El bombardeo ocurrió como producto del Servicio de Inteligencia de Colombia que determinó, que Raúl Reyes se encontraba presente en un campamento situado en la provincia de Sucumbíos. Al mismo tiempo, se pensaba que en el evento académico iba a intervenir integrantes de las FARC. De esta manera, se preparó el Operativo Fénix, que tenía como objetivo bombardear el campamento.
Por la muerte de los cuatro estudiantes, sus familiares empezaron a exigir respuestas sobre lo sucedido y denunciaron los hechos tanto en Colombia como en Ecuador. Mientras, el Estado de Ecuador inició un proceso en contra de Lucía Morett por el supuesto delito de terrorismo organizado que hasta ahora se encuentra abierto; esto, la obligó a solicitar refugio en otro país. Actualmente, vive con el estatuto de refugiada esperando justicia.
Crisis diplomática y la judicialización del caso
Por la intromisión en territorio de Ecuador, el Estado ecuatoriano rompió relaciones con Colombia en 2008 y realizó una petición interestatal en su contra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, solicitando una respuesta por la violación del derecho a la vida del ciudadano Franklin Aisalla, ciudadano ecuatoriano. Cabe mencionar, que esta ha sido la única petición de tal carácter que ha prosperado en su etapa de admisibilidad ante la CIDH, aunque se haya resuelto a través de acuerdo amistoso en el año 2014.
Pero no solo el Estado ecuatoriano acudió a organismos internacionales, los familiares de los cuatro estudiantes mexicanos también lo hicieron. En el año 2008, sus familiares junto a Inredh denunciaron al Estado de Ecuador, Colombia y México, por el delito de asesinato. Respecto de México lo hace a través de asistencia consular, de forma estratégica con el fin de que se juzgue de manera eficaz. En Ecuador el proceso prospera, al punto de tener orden de captura de Juan Manuel Santos, a quien no se le extraditará evidentemente, por su inmunidad y porque en Ecuador no es posible juzgar en ausencia. Sin embargo, nada obsta para que la orden siga vigente, aunque la efectividad judicial se encuentre mermada por intereses políticos; en Colombia no pasa nada, en México, peor.
En 2014, INREDH formula una petición ante la CIDH, por los cuatro jóvenes mexicanos, en contra de Ecuador, México y Colombia, misma que se encuentra en etapa de admisibilidad. En este mismo año, se da paso a una negociación política entre los Estados de Ecuador y Colombia, en la que entran ambos temas: el caso Angostura y el caso sobre Fumigaciones. De esta manera, surgen acuerdos amistosos amparados por la Corte Internacional de Justicia, tanto por fumigaciones en la frontera, como por el caso de Franklin Aisalla ante la CIDH.
De esta manera, INREDH ha constituido un nexo importante entre los varios escenarios y los diversos actores del caso en cuestión. Hoy en día, se sigue buscando justicia: los plantones realizados los primeros días de cada mes del año en las afueras de la Embajada de Colombia, en Ciudad de México, demuestran la insatisfacción de los resultados del actuar de la justicia. El Ecuador sigue incumpliendo sus obligaciones de reparar a las víctimas relacionadas a los cuatro jóvenes mexicanos, en virtud de la teoría del control efectivo establecida por el Derecho Internacional Humanitario; control que se presume lo tenía el Estado ecuatoriano.