La mañana del miércoles 29 de octubre se llevó a cabo la audiencia por el caso de Carlos Méndez en el Complejo Judicial Norte.
La audiencia fue convocada a raíz las agresiones arbitrarias perpetradas contra Carlos Méndez Cribán por parte de agentes del Cuerpo de Control Metropolitano de Quito, quienes, al verlo caminando, lo abordaron con la frase “¿Cansadito de bailar?”; y, cuando el joven afroecuatoriano intentó explicar que regresaba a su casa del trabajo, uno de los agentes respondió con hostilidad, diciéndole: “¿Qué fue lo que dijiste, negro?”.
Así pues, el caso fue llevado ante el juez debido a las acciones violentas cometidas por dichos agentes y a las omisiones institucionales tanto del Cuerpo de Control Metropolitano como del Municipio de Quito, lo que derivó en la vulneración de los derechos de Carlos Méndez a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, y a la integridad personal.
Durante la audiencia, la parte accionada sostuvo que Carlos habría incurrido en irrespeto y desacato hacia los agentes que realizaban un operativo de control de libadores en las inmediaciones de la Universidad Central del Ecuador, en el sector de Santa Clara.
Además, la propia defensa institucional reconoció que, a raíz de la investigación impulsada por la Defensoría del Pueblo, dos de los funcionarios involucrados fueron sancionados con destitución y multa, tras comprobarse su responsabilidad en faltas disciplinarias. Sin embargo, pese a admitir la existencia de estas sanciones, insistió en justificar la actuación de los agentes bajo el argumento de que “cumplían con su deber”.
Adicionalmente a ello, en su intervención, la parte accionada presentó como prueba únicamente las versiones de los propios agentes investigados dentro del proceso disciplinario, sin que existiera un verdadero contraste, ya que Carlos no fue tomado en cuenta en dicho procedimiento. Finalmente, la misma defensa técnica reconoció que las sanciones se impusieron aproximadamente ocho meses después de los hechos, lo que refleja la tardanza en la adopción de medidas frente a una actuación que hoy el Estado busca justificar.
Por parte de las abogadas de Inredh, Diana León y Amanda Mosquera, se relató ante el juez lo ocurrido con Carlos Méndez y se explicó que su caso evidencia un claro perfilamiento racial por parte de los agentes municipales, quienes lo interceptaron por su color de piel y sin causa justificada, para luego proceder de forma violenta.
Durante su intervención, las abogadas señalaron que la agresión sufrida por Carlos no fue un hecho fortuito, sino una manifestación del racismo estructural contemporáneo, que se disfraza bajo discursos de “control” o “seguridad pública” y se reproduce en las prácticas cotidianas de las instituciones, perpetuando la normalización de formas de violencia hacia las personas afrodescendientes.
Asimismo, destacaron que el expediente contiene elementos probatorios contundentes que confirman lo ocurrido aquel 15 de marzo de 2024, día en que Carlos fue perseguido, agredido, humillado y golpeado por agentes municipales, agresiones que le provocaron una laceración de 5 cm en la cabeza y le ocasionaron afectaciones físicas, psicológicas y emocionales.
Entre las pruebas aportadas por la parte accionante se incluye un video que se hizo viral en redes sociales, en el que se observa la agresión perpetrada contra Carlos Méndez y que generó amplio rechazo ciudadano frente al proceder de los agentes. En ese momento, el alcalde Pabel Muñoz condenó públicamente el hecho, calificándolo como un acto que el Municipio no iba a tolerar.
Estas evidencias y pronunciamientos fueron resaltados por la defensa como muestra de la gravedad del caso y del reconocimiento público que tuvo la agresión. Sin embargo, durante la audiencia se evidenciaron contradicciones y argumentos evasivos por parte de la institución municipal, orientados a evitar el reconocimiento de los hechos como un acto de discriminación racial, lo que dejó en evidencia un preocupante desconocimiento sobre la dimensión estructural de este tipo de violencia.
A lo expuesto por la parte accionante se sumaron los aportes de organizaciones que comparecieron como amicus curiae, entre ellas ILEX Acción Jurídica de Colombia, representada por Dayana Blanco; Afroredh, representada por Ehudd Romero; y, el Grupo de Pensamiento Afrodescendiente, representado por María Verónica Cevallos.
Desde sus intervenciones también se advirtió que este no es un hecho aislado, sino una manifestación de racismo institucional, violencia estructural y abuso de poder por parte de funcionarios públicos que actuaron fuera del marco constitucional y convencional. Asimismo, coincidieron en señalar la responsabilidad directa del Estado frente al racismo estructural y la necesidad de que las acciones estatales trasciendan las sanciones administrativas, incorporando reparaciones simbólicas y transformadoras con enfoque étnico-racial.
Estas reflexiones permitieron situar el caso de Carlos Méndez dentro de una historia de violencia, silenciamiento y negación que ha afectado de manera persistente a las personas afrodescendientes, destacando la urgencia de que el Estado adopte acciones concretas de prevención y no repetición frente a actos de perfilamiento racial y racismo institucional.
Finalmente, la audiencia fue suspendida antes de la práctica total de la prueba, y el juez anunció que su reanudación será notificada en los próximos días.
Desde Inredh se espera que este proceso siente un precedente judicial que reconozca el racismo institucional y garantice a Carlos Méndez una reparación integral, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y con un enfoque étnico-racial.
Contexto del caso:
Carlos fue agredido por agentes del Cuerpo de Control Metropolitano en Quito un 15 de marzo de 2024. Su caso evidencia un grave hecho de perfilamiento racial y violencia institucional, pues mientras se dirigía a la parada de bus tras su jornada laboral, fue interceptado sin justificación, embestido con una motocicleta, rociado con gas pimienta directamente en los ojos y golpeado con patadas y toletes, lo que le provocó múltiples lesiones, entre ellas una herida abierta en la cabeza. Cabe señalar, además, que todas estas agresiones estuvieron acompañadas de expresiones de connotación racista.
La audiencia tiene por objeto obtener justicia frente a la violencia racial sufrida por el joven afroecuatoriano Carlos Méndez, visibilizando las graves violaciones de derechos humanos derivadas del perfilamiento racial y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fue sometido en un contexto de omisión institucional de prevención y reparación por parte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.
Comunicación Inredh – 0992058210