Este lunes 30 de junio, a las 08:30, se reinstalará en la Unidad Judicial Penal de Mariscal Sucre la audiencia de Acción de Protección contra la Policía Nacional, interpuesta por los defensores de derechos humanos Miguel P. y Jafet G., detenidos ilegal y arbitrariamente el 21 de noviembre de 2024 mientras monitoreaban una movilización social.
El objetivo central de esta audiencia es que la jueza a cargo reconozca y declare la vulneración de derechos constitucionales cometida por agentes policiales, quienes actuaron de manera desproporcionada y sin justificación legal contra los defensores.
Durante la reinstalación, se escucharán los testimonios de Miguel P. y Jafet G., quienes relatarán en detalle las agresiones físicas y psicológicas sufridas en el ejercicio legítimo de su labor como veedores de derechos. Sus declaraciones son fundamentales para evidenciar la responsabilidad del Estado en la represión a la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos.
La audiencia representa un paso crucial en la búsqueda de justicia. Por ello, se espera que el sistema judicial garantice reparación integral, medidas de no repetición y siente un precedente de protección reforzada a quienes defienden los derechos humanos en el país.
Contexto
El 21 de noviembre del 2024, se llevó a cabo en la ciudad de Quito una manifestación convocada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), a la cual se unieron diversas organizaciones sociales en rechazo a las políticas del presidente Daniel Noboa.
En la avenida 10 de agosto a la altura de la intersección con la calle General Pedro Briceño, miembros de la Policía Nacional bloquearon el paso de los manifestantes con vallas metálicas. En ese momento la protesta empezó a registrar focos de violencia ajenos a los organizadores y en medio del caos dos miembros de la policía infiltrados de civiles derribaron brutalmente a un adolescente que portaba su uniforme de colegio y con la ayuda de otros uniformados arrastraron al estudiante por la calle del Banco Central, el hecho quedó registrado por las cámaras de varios medios del país.
Ante la situación, Miguel P. como veedor de derechos se acercó a grabar la detención y pedir al adolescente que grite su nombre. Fue entonces que uno de los policías lo sujetó del brazo y lo arrastró detrás del cerco policial donde lo inmovilizaron y golpearon. Simultáneamente, otro miembro de Inredh, Jafet G., que presenciaba la detención violenta de su compañero, se acercó para identificarse como defensor de derechos, pues quería asistir a Miguel.
Los policías, ignorando que ambos portaban cascos e identificaciones, y pese a que Miguel y Jafet les comunicaban que eran miembros de Inredh, los aprehendieron y llevaron en una patrulla al Distrito de Policía Manuela Sáenz, lugar donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y solo después de retenerlos durante 7 horas, decidieron dejarlos en libertad a la madrugada del día siguiente, sin haberlos llevado en ningún momento ante una autoridad judicial.
Comunicación Inredh
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